El relevo en la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) abre una pregunta de fondo: ¿basta con cambiar a quien encabeza el organismo o es necesario transformar una estructura que, en los últimos años, ha perdido credibilidad y autonomía?

El problema, desde esta perspectiva, forma parte de un proceso más amplio de desmantelamiento y erosión de las instituciones del Estado democrático de derecho en México. Un proceso que incluye la contrarreforma judicial, la desaparición o captura de organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los cuestionamientos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, en materia electoral, las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

No hay que olvidar cómo llegó Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, en abril de 2023: mediante un procedimiento de insaculación, conocido como tómbola, después de que no se alcanzara un consenso en la Cámara de Diputados. Tampoco debe perderse de vista su entorno familiar, vinculado con Morena y con el gobierno morenista de Sonora.

La pregunta ahora es si esta coyuntura se resolverá con un simple cambio de persona o si habrá un relevo más profundo, capaz de establecer las condiciones mínimas para recuperar la credibilidad de la institución.

Parte del problema se encuentra en la ruptura del sistema colegiado de toma de decisiones del Consejo General del INE. Esta situación fue favorecida por una reforma legal que, bajo el argumento de agilizar la organización de las elecciones de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, otorgó mayores facultades a la presidencia del organismo.

A ello se suma que consejeros electorales cercanos al oficialismo respaldaron esa propuesta y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló decisiones cuestionadas, en un contexto marcado por la mayoría calificada que Morena y sus aliados consiguieron en el Congreso.

Para algunos, lo ocurrido era previsible. No hay que olvidar las movilizaciones de cientos de miles de mexicanos que salieron a defender la autonomía del INE. La preocupación que motivó aquellas protestas sigue vigente: ¿cómo corregir lo que hoy no funciona?

El primer paso es llamar al problema por su nombre. La solvencia técnica y la imparcialidad del INE están comprometidas. Eso es lo que debe cambiar si se pretende restaurar el prestigio de la institución y recuperar la confianza que durante años inspiró entre los mexicanos.

El INE organizó elecciones confiables que representaron un avance fundamental en la historia democrática del país. Por eso, hoy debe considerarse la posibilidad de un relevo más amplio, incluso de la mayoría de sus consejeros, como ocurrió en otros momentos de la historia electoral, entre ellos las reformas que acompañaron las elecciones de 1994 y 2006, cuando se buscó construir credibilidad y consensos para transformar las instituciones.

México es un país políticamente plural y necesita autoridades electorales imparciales, competentes y con independencia real. Quien ocupe la presidencia del INE debe estar libre de vínculos que comprometan su actuación frente al oficialismo. De lo contrario, la desconfianza persistirá y será cada vez más difícil recuperar al instituto como un árbitro electoral capaz de dar certeza a todos los mexicanos y contribuir al fortalecimiento de la democracia.

Cambiar a la persona no cambia el problema

Sin embargo, el asunto va más allá de la presunta corrupción o del posible enriquecimiento. La crítica apunta también al papel político que habría desempeñado Guadalupe Taddei desde su llegada al organismo.

Desde esta lectura, su nombramiento estuvo acompañado por el respaldo del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llegó a declarar que no la conocía personalmente, pero sí a su familia. La sospecha planteada es que Taddei habría facilitado decisiones favorables a Morena, entre ellas actuaciones relacionadas con la elección judicial y las candidaturas conocidas como las de los “acordeones”.

La interpretación es que, una vez instalada en la presidencia, se le habría permitido ejercer un amplio margen de maniobra y concentrar el control de decisiones relevantes dentro del instituto.

Ahora que se ha designado a una persona de manera temporal para encabezar el organismo, surge otra interrogante: ¿qué cambia realmente si se mantiene intacta la estructura que permitió concentrar el poder?

Si los nombramientos de directores y otros cargos continúan sin una deliberación colegiada efectiva, y si quienes llegan mantienen vínculos con Morena, el cambio podría reducirse a una sustitución de nombres sin modificar las condiciones que originaron la crisis.

En ese escenario, el relevo sería apenas un ajuste superficial.

Rendición de cuentas, autonomía y contrapesos

Para recuperar la confianza, el primer paso debe ser una rendición de cuentas clara y concisa, con responsabilidades definidas. No basta con anunciar cambios ni con retirar a determinados funcionarios: es necesario esclarecer los hechos y determinar quiénes deben responder por ellos.

También deben revisarse los mecanismos de control interno, incluido el nombramiento de una persona titular del Órgano Interno de Control que pueda ejercer sus funciones con independencia y garantizar la transparencia.

A partir de ahí, se necesita una transición ordenada y una presidencia provisional que tenga capacidad de diálogo, credibilidad, experiencia y, sobre todo, imparcialidad.

Pero eso no será suficiente si no se revierten las facultades discrecionales que se otorgaron a la presidencia del instituto. Es indispensable recuperar los contrapesos que históricamente permitieron que las decisiones se tomaran de manera colegiada y no dependieran de la voluntad de una sola persona.

El gobierno federal no debe decidir quién dirige el INE ni controlar sus decisiones. Sin embargo, su compromiso con la democracia también se medirá por su disposición a respetar y contribuir a garantizar la autonomía, la independencia y el carácter ciudadano de la autoridad electoral.

Hay dos escenarios posibles. En el primero, se cambian las personas, pero se mantiene intacto el sistema que provocó la crisis. En el segundo, se aprovecha la coyuntura para reconstruir la institución, establecer responsabilidades y garantizar que sus integrantes actúen con independencia.

Existe, además, un riesgo mayor: que la crisis se utilice como pretexto para justificar que el gobierno asuma el control de las elecciones, bajo el argumento de que el INE se ha convertido en un desastre. En ese caso, se omitiría una cuestión fundamental: quienes contribuyeron a deteriorar la institución fueron, precisamente, los funcionarios que llegaron a ocupar posiciones de poder dentro de ella.

La advertencia es clara: si solo cambian las caras, el problema puede continuar, incluso agravarse.

El INE necesita reconstruir su credibilidad mediante la rendición de cuentas, la recuperación de los contrapesos y la designación de consejeros y una presidencia verdaderamente independientes. De lo contrario, el relevo no será una transformación, sino una simulación: un ejercicio de gatopardismo en el que todo cambia para que, en el fondo, todo siga igual.