La disputa salarial en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha escalado a niveles que no se veían desde hace varias décadas. Sin embargo, reducir las protestas de sus trabajadores a una diferencia de porcentajes sería ignorar el problema de fondo: las condiciones en las que opera una de las instituciones más importantes para la atención médica de millones de mexicanos.

Gerardo Gutiérrez Candiani, empresario oaxaqueño y expresidente de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial, advierte que la inconformidad actual va más allá del salario. El IMSS atiende a una población de alrededor de 78 millones de derechohabientes, por lo que cualquier problema en su funcionamiento tiene repercusiones que trascienden a sus propios trabajadores.

La controversia inmediata gira en torno a la propuesta de incremento salarial de 6.8%, rechazada por los inconformes, quienes exigen al menos 10%. Para Gutiérrez Candiani, esta demanda es justa; no obstante, subraya que el conflicto también ha puesto sobre la mesa reclamos relacionados con la falta de insumos, medicamentos, cobertura y atención médica oportuna.

Los datos sobre el acceso a los servicios de salud dimensionan el problema. De acuerdo con las cifras citadas por el empresario, la proporción de la población mexicana con carencia de acceso a estos servicios pasó de 16.2% en 2018 a 34.2% en 2024. Esto equivale a 44.5 millones de personas sin acceso a servicios de salud, frente a alrededor de 20 millones seis años antes.

Las cifras contrastan con las promesas que marcaron el discurso gubernamental durante el sexenio anterior, cuando se planteó alcanzar un sistema de salud comparable al de Dinamarca. La realidad, sostiene Gutiérrez Candiani, obliga a revisar los resultados y contrastar las cifras oficiales con las condiciones que enfrentan cotidianamente pacientes y trabajadores.

A ello se suma el gasto que las familias deben destinar a su salud. Entre 2018 y 2024, el gasto de los hogares en este rubro aumentó, de acuerdo con los datos mencionados durante la entrevista. Para el empresario, este fenómeno debe analizarse junto con los cambios institucionales que se impulsaron en el sistema sanitario.

Uno de los puntos centrales de su crítica es la desaparición del Seguro Popular y su sustitución por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que posteriormente dio paso a una reorganización de los servicios mediante el IMSS-Bienestar. A su juicio, estas modificaciones alteraron la estructura de atención para la población sin seguridad social y dejaron importantes interrogantes sobre los resultados obtenidos.

Pero el problema no se limita a los cambios administrativos. También está el financiamiento. Gutiérrez Candiani señala que el gasto público en salud previsto para 2026 equivale a aproximadamente 2.6% del producto interno bruto (PIB), mientras que Dinamarca destina alrededor de 7.8%. La diferencia evidencia la distancia entre los recursos que México asigna al sector y el referente internacional que se llegó a plantear como objetivo.

La insuficiencia presupuestaria, advierte, limita la capacidad para ampliar la cobertura, fortalecer los hospitales y garantizar los insumos necesarios para brindar atención médica.

El conflicto laboral del IMSS, por tanto, plantea una discusión que va mucho más allá de una negociación salarial. Si los trabajadores denuncian carencias y los pacientes enfrentan dificultades para recibir atención oportuna, el debate debe incluir no solamente cuánto ganan quienes sostienen la operación del instituto, sino también con qué recursos cuentan para realizar su trabajo.

La pregunta de fondo es si el país está destinando los recursos suficientes para garantizar el derecho a la salud y si las transformaciones institucionales de los últimos años han producido los resultados que se prometieron.

Porque, al final, las consecuencias de un sistema de salud debilitado no recaen únicamente en sus trabajadores. Las padecen millones de mexicanos que dependen de una consulta, un medicamento, una cirugía o una cama de hospital. Y mientras esas necesidades sigan sin resolverse, cualquier disputa salarial será también un recordatorio de los problemas estructurales que enfrenta la salud pública en México.